El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha remarcado el carácter “irrenunciable” del trasvase Tajo-Segura y ha reiterado que la Comunitat Valenciana va a defender “ahora y siempre los intereses de los regantes de la Comunitat Valenciana” con los mecanismos jurídicos que estén al alcance del Gobierno valenciano. El jefe del Consell plantea “diálogo” para defender los intereses de los regantes alicantinos después de haber declinado la invitación de Carlos Mazón para crear un ‘frente común’ con la Diputación de Alicante.
Puig ha confirmado que los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana han presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativos contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.
La Generalitat ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso “contra los aspectos lesivos del real decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo” y pide la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos
Ha asegurado que el recurso se dirige hacia aquellos “aspectos lesivos a los intereses de la Comunitat Valenciana” que figuran en el real decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones que afectan al trasvase Tajo-Segura y, en particular, contra la nueva disposición adicional novena, que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo.
Puig ha pedido además establecer un marco de diálogo que garantice “agua para siempre”, que ofrezca “certidumbre” a un sector fundamental como es la agricultura” y que esté alejado de “aspavientos y guerras del agua que solo producen barro y fractura”.
En el recurso se pide al Supremo que suspenda cautelarmente la aplicación del escalonamiento previsto en la aplicación de los caudales ecológicos fijados por el apéndice V del real decreto en los tramos del eje del Tajo desde el embalse de Bolarque hasta Valdecañas para los ejercicios 2026 y 2027.
El Consell entiende que es necesario que el alto tribunal dictamine la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos, en los términos establecidos por el citado decreto, por considerar que responden a decisión arbitraria que no se fundamenta en criterios técnicos.
El Gobierno valenciano solicita que los caudales ecológicos se establezcan, a partir de 2026, en función del estado ambiental que presenten las masas de agua, de tal manera que si ese estado ambiental es favorable no sea necesario incrementarlos.
