Rescatar los servicios públicos sin causa justificada es ilegal, según expertos jurídicos
La legislación europea no ampara la “remunicipalización” de servicios públicos por motivos ideológicos, sino que deben existir causas justificadas. Así lo han puesto de manifiesto, durante la presentación del libro “Servicios públicos e ideología. El interés general en juego”, el ex presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, en un acto en el que también han estado presentes los catedráticos de Derecho José María Gimeno Feliu y Gonzalo Quintero Olivares.
Durante la presentación del libro, que ha tenido lugar en la Cámara de Comercio de Alicante, los autores han recalcado que el interés público ya no es título jurídico suficiente para modificar o alterar un contrato de concesión de servicio público, que algunos ayuntamientos están llevado a cabo. Bajo su punto de vista y de acuerdo a la interpretación de la norma jurídica, la decisión de reinternalizar estos servicios públicos no puede ser discrecional para la Administración, sino que debe obedecer a una causa justificada.
Para el ex presidente del Tribunal Supremo y Constitucional, Pascual Sala, la normativa europea aboga que los servicios sean prestados con criterios de eficiencia y calidad, sin definir a quién debe corresponder. “La Administración siempre ha de razonar la decisión de eliminar la concesión de un servicio público y explicar por qué es mejor y más eficiente la gestión directa que la indirecta”, ha remarcado
En este mismo sentido se ha expresado uno de los mayores expertos en contratación pública del país, José María Gimeno, para quien el rescate de una concesión no puede ser considerado como una prerrogativa del contrato administrativo. La Administración no puede recuperar unilateralmente una concesión amparándose exclusivamente en su voluntad, sino debe existir una “causa expropiandi”. “La decisión de volver a una gestión directa de una actividad gestionada mediante concesión deberá justificarse en la mayor calidad y eficiencia de la prestación que se reinternaliza”, afirma el letrado.“En este contexto, la colaboración público-privada se presenta como una herramienta más al servicio de las administraciones públicas para poder transformar la sociedad”.
Para Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho penal “ante un rescate sin causa justificada, se abre la puerta a que las administraciones públicas puedan incurrir en un delito y a que los operadores privados deban ser indemnizados por daños y perjuicios, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir».Para Quintero, “la Administración deberá también responder tanto en vía contencioso-administrativa como en vía penal por cómo recupera el servicio objeto de concesión”.
Respecto a quién debe gestionar los servicios públicos, si la administración pública o bien operadores privados, Pascual Sala, añade que “no interesa tanto que la gestión del servicio público sea directa o indirecta como que prevalezca un nivel óptimo de gestión. El interés público no es monopolio de la Administración pública, sino que una alianza entre un socio público y privado puede conducir a una mejor gestión de ese servicio”.
Por su parte, Juan Bautista Riera, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, ha destacado la necesidad de que las empresas cuenten con seguridad jurídica y puedan confiar plenamente en el cumplimiento de las condiciones pactadas con la administración pública. Asimismo, el representante de la entidad ha puesto en valor el papel de las empresas en la gestión de los servicios públicos, cuya aportación “ha permitido el nivel de desarrollo actual”.
El libro “Servicios públicos e ideología. El interés general en juego”, editado por Profit Editorial, reflexiona sobre las formas de gestión de los servicios públicos y actividades de interés general, partiendo de la idea de que es posible satisfacer el interés público tanto por parte de los organismos públicos como por las empresas privadas. De la misma forma, la obra se aleja de ideas preconcebidas: ni la gestión conjunta con el sector privado es siempre más económica, ni todos los servicios son más eficientes y sostenibles con gestión directa.
