El Ayuntamiento de Torrevieja ha denegado la solicitud de teletrabajo presentada por un empleado municipal con plaza de jardinero, al considerar que su puesto “no es susceptible de adaptarse a esta modalidad”. La decisión, que podría parecer evidente al tratarse de un trabajo esencialmente presencial, ha sido recurrida por el trabajador, que actualmente se encuentra temporalmente adscrito al área de Tesorería.
El Consistorio torrevejense ofrece a sus empleados públicos la posibilidad de acogerse a dos días semanales de teletrabajo, siempre previa solicitud y estudio individualizado. Esta medida, implantada tras la expansión de esta modalidad laboral a raíz de la pandemia, busca favorecer la conciliación y modernización de la administración pública. Sin embargo, no todos los puestos pueden beneficiarse de esta opción, especialmente aquellos que requieren una presencia física para desempeñar sus funciones.
Nuevo destino
El empleado solicitante, cuya plaza pertenece al área de Parques y Jardines —donde se realizan labores de jardinería, podas, albañilería y carpintería—, presentó su solicitud alegando su actual destino en Tesorería, un departamento donde sí hay personal que teletrabaja. No obstante, el Ayuntamiento ha rechazado en dos ocasiones la petición, manteniendo que el puesto de origen sigue siendo el de peón jardinero y, por tanto, no puede acogerse a esta modalidad.
Desde el Consistorio recuerdan que el teletrabajo está concebido para puestos cuyas tareas puedan realizarse de manera no presencial, algo que no ocurre en la mayoría de servicios operativos. Pese a ello, el caso ha generado sorpresa por lo singular de la reclamación, ya que el empleado ha decidido recurrir la negativa, insistiendo en su derecho a trabajar desde casa mientras esté destinado temporalmente en Tesorería.
El Ayuntamiento no ha informado por el momento de si aceptará finalmente el recurso, aunque fuentes municipales indican que la normativa interna delimita claramente qué puestos pueden acogerse al teletrabajo y cuáles no, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
