El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este martes que intensificará las comprobaciones sobre la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la polémica promoción Residencial Les Naus, situada en la playa de San Juan. El objetivo es cruzar el listado de adjudicatarios con el censo de funcionarios municipales para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar posibles incompatibilidades o irregularidades en el acceso a estas viviendas públicas.
La medida fue detallada por el vicealcalde, Manuel Villar, quien ha defendido que no se trata de una actuación arbitraria, sino de una verificación administrativa dentro del marco legal. Villar ha recalcado que el consistorio procederá con rigor para determinar si algún empleado público ha podido verse beneficiado indebidamente en el proceso de adjudicación.
Esta decisión se produce en plena ebullición del llamado “Caso Les Naus”, tras la aparición de presuntas irregularidades en la adjudicación de 140 viviendas VPP construidas sobre suelo municipal en la playa de San Juan, destinadas a familias con necesidad de vivienda asequible.
Dimisiones y acusaciones políticas
La controversia ha provocado ya dos importantes dimisiones dentro del Ayuntamiento. La exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, renunció a su cargo el pasado viernes tras conocerse que figura entre los adjudicatarios de estas viviendas, mientras que María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, también presentó su dimisión en medio de la polémica.
La oposición ha aprovechado para recriminar al equipo de gobierno municipal, liderado por el Partido Popular, por lo que consideran una gestión “opaca” del proceso de adjudicación. Desde el PSOE, su secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha censurado que para el PP la vivienda pública se haya convertido en “un chanchullo para colegas”, en alusión a los posibles beneficios para funcionarios y allegados.
Denuncias, expediente y Fiscalía
Además del cruce de listados propuesto por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana también ha actuado en relación con este caso. Un funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda ha sido suspendido cautelarmente de empleo y sueldo tras la apertura de un expediente disciplinario, al constatarse que visó favorablemente la compra de una VPP de Les Naus a favor de su esposa, omitiendo datos clave sobre la unidad de convivencia. La documentación ha sido remitida a la Fiscalía para investigar posibles responsabilidades penales.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha elevado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investiguen las circunstancias que rodean la adjudicación de estas viviendas y se determine si ha existido algún tipo de actuación irregular por parte de funcionarios o empleados públicos.
Posibles conflictos de interés
Un informe interno del Servicio de Gestión Patrimonial municipal alertó ya de posibles conflictos de interés en la adjudicación de las viviendas, al detectar que entre los adjudicatarios figuraban personas con vínculos de parentesco o cercanía con empleados o cargos municipales que pudieron intervenir en distintas fases del procedimiento, lo que podría suponer incumplimientos del deber de abstención.
Polémica sobre el uso y gestión de las VPP
El caso también ha generado críticas más amplias sobre la gestión de la vivienda pública en la ciudad. Sectores sociales como el Sindicat de Barri de Carolines han acusado al PP de favorecer intereses privados en detrimento de las verdaderas necesidades de acceso a la vivienda, en un contexto de emergencia habitacional prolongada.
El Ayuntamiento celebrará en los próximos días un pleno extraordinario para abordar este escándalo y ofrecer explicaciones detalladas a la ciudadanía sobre las medidas que se están adoptando para garantizar transparencia y legalidad en los procesos de adjudicación de vivienda pública.
