La comisión municipal que investiga el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus vuelve a quedar desdibujada. La arquitecta municipal Elsa Lloret, una de las figuras señaladas en el caso, ha comunicado su imposibilidad de asistir a la sesión prevista para este viernes alegando que una citación entregada en mano por agentes de la Policía Local ha “agravado su estado de salud”, según recoge en un escrito remitido al Ayuntamiento de Alicante.
La ausencia de Lloret no será la única. Ninguno de los cinco técnicos convocados tiene previsto comparecer, lo que deja la reunión sin contenido técnico y vuelve a evidenciar las dificultades de la comisión para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Un nuevo plantón que vacía la comisión
La situación no es inédita. La comisión de investigación sobre la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) en el residencial de Les Naus ya ha sufrido anteriormente la falta de comparecencias, en un proceso en el que la participación es voluntaria.
En esta ocasión, además de Lloret, también ha rechazado acudir el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, sumándose a otros técnicos que ya habían declinado asistir. Este nuevo “plantón” colectivo refuerza las críticas de la oposición, que denuncia la falta de transparencia y la imposibilidad de fiscalizar con rigor lo sucedido.
Una pieza clave en la investigación
Elsa Lloret figura entre las personas vinculadas a la promoción investigada y deberá declarar como investigada en sede judicial en las próximas semanas. Su situación ha generado especial atención no solo por su papel técnico en el Ayuntamiento, sino también por su relación personal con un funcionario de la Conselleria de Vivienda encargado de validar los visados de la promoción, que fue expedientado en su momento.
El caso de Les Naus, situado en la Playa de San Juan, investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de unas 140 viviendas protegidas, en un proceso que ha derivado en la imputación de 15 personas, entre cargos públicos, técnicos y adjudicatarios.
Un escándalo con impacto político y judicial
La polémica estalló a principios de 2026 al conocerse que varias viviendas habían sido adjudicadas a empleados públicos, cargos políticos y personas de su entorno, lo que desencadenó dimisiones y la apertura de investigaciones administrativas y judiciales.
Desde entonces, el caso ha ido creciendo en dimensión, con informes policiales que apuntan a posibles irregularidades en los requisitos de acceso, vínculos familiares entre adjudicatarios e incluso viviendas sin ocupar.
Incertidumbre sobre el futuro de la comisión
La nueva sesión de la comisión municipal se presenta, por tanto, sin aportaciones técnicas clave y con un escenario de bloqueo que complica su objetivo de esclarecer responsabilidades dentro del ámbito municipal.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso y será previsiblemente en los tribunales donde se determinen las posibles responsabilidades derivadas de uno de los mayores escándalos urbanísticos recientes en la ciudad de Alicante.
