Las asociaciones vecinales de los barrios de Benalúa y Alipark han dado un paso al frente contra la ampliación de la zona azul y naranja impulsada por el equipo de gobierno municipal. Los representantes de estos barrios han convocado una rueda de prensa para visibilizar el creciente malestar ciudadano y anunciar nuevas acciones de protesta.
Según han adelantado, las entidades vecinales exigirán una moratoria inmediata del proyecto, así como la realización de una auditoría del contrato del estacionamiento regulado (ORA) y del servicio de grúa, además de la apertura de un proceso real de participación vecinal.
La protesta se enmarca en el rechazo que ya vienen manifestando diferentes colectivos ciudadanos ante el nuevo contrato de la ORA, que contempla la creación de más de 3.000 plazas reguladas en la ciudad, con especial incidencia en estos barrios . La mayoría de estas nuevas plazas corresponderán a zona naranja para residentes, aunque también se prevé la implantación de zona azul de rotación .
Los vecinos denuncian que la medida responde a un “afán recaudatorio” y critican la falta de diálogo previo con los barrios afectados. En esta línea, ya habían advertido de que la ampliación podría generar un “efecto dominó” en zonas colindantes y empeorar los problemas de aparcamiento .
Durante la comparecencia, los portavoces vecinales anunciarán además la reactivación de la recogida de firmas y la convocatoria de nuevas movilizaciones en las próximas semanas, con el objetivo de frenar la implantación del sistema tal y como está planteado.
El conflicto se produce en un contexto de creciente tensión política y social en torno a la regulación del estacionamiento en Alicante. Mientras el Ayuntamiento defiende que el nuevo modelo prioriza a los residentes y mejora la movilidad, tanto la oposición como los colectivos vecinales consideran que supondrá un incremento de costes para los ciudadanos y una transformación sustancial del uso del espacio público.
Con estas acciones, los barrios afectados buscan abrir un pulso con el consistorio y forzar una revisión de un proyecto que, aseguran, “afecta directamente a la vida diaria de miles de vecinos”.
