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El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este martes una medida sin precedentes en el Ayuntamiento: ningún concejal, cargo municipal ni asesor de su equipo de gobierno podrá optar a una vivienda protegida, aunque reúna los requisitos establecidos legalmente. Además, ha avanzado que esta prohibición se hará extensible a cualquier otra ayuda o subvención que ponga en marcha el Consistorio.
La decisión se comunica en plena crisis política por las adjudicaciones de viviendas públicas, un caso que ha sacudido la administración local al conocerse que cargos y funcionarios municipales, entre ellos la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y familiares de altos cargos, fueron adjudicatarios de viviendas de protección pública (VPP) construidas sobre suelo municipal en la Playa de San Juan.
Recuperar la confianza
Según el comunicado oficial difundido por el equipo de gobierno, la iniciativa busca reforzar los controles internos y la transparencia para garantizar que las ayudas públicas lleguen “a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha”. Manuel Villar, vicealcalde y portavoz del gobierno, ha subrayado que la medida es “ambiciosa” y que no existe precedentes en el Ayuntamiento de Alicante de este tipo de restricciones.
Villar ha insistido en que los cargos públicos, asesores y personal de confianza no podrán aspirar a una vivienda protegida, independientemente de que cumplan o no con los requisitos, y ha señalado que esperan que el resto de grupos municipales apoyen esta iniciativa en los próximos días.
Presión política y exigencias de aclaraciones
La decisión de Barcala se produce mientras la polémica sobre las adjudicaciones continúa escalando en el ámbito político. El PSOE ha presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, señalando indicios de hasta cinco presuntos delitos relacionados con el proceso de adjudicación de las VPP, entre ellos prevaricación administrativa, conflicto de intereses y fraude a la administración.
Por su parte, los grupos municipales PSPV, Compromís y Esquerra Unida–Podem han exigido al alcalde que convoque de inmediato una comisión de investigación sobre las viviendas de Les Naus, aprobada en el pleno municipal, para esclarecer las posibles irregularidades y los vínculos entre algún beneficiario y cargos públicos.
Un escándalo que no cesa
El escándalo ha provocado ya varias dimisiones en la administración, incluido el cese de Rocío Gómez como concejala de Urbanismo tras confirmarse que fue adjudicataria de una de las viviendas públicas. Las críticas a la gestión del gobierno local han llegado tanto desde la oposición tradicional como desde formaciones que hasta ahora respaldaban al PP en el Ayuntamiento.
Con esta medida, Barcala pretende desactivar la crisis de credibilidad y mostrar un compromiso firme con la transparencia, a la vez que intenta encauzar un debate que ha colocado a la política de vivienda en el centro del debate local.
