El escándalo por la adjudicación de viviendas de protección pública en la promoción Residencial Les Naus, en Playa de San Juan, sigue creciendo. El portavoz adjunto del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, ha confirmado este martes que, tras cruzar la lista de adjudicatarios con otros registros oficiales, han aparecido “más nombres conocidos que se repiten” entre quienes recibieron estas viviendas. Villar no ha querido desvelar identidades para respetar la presunción de inocencia y evitar señalaciones que puedan resultar infundadas.
La polémica se desató tras conocerse hace días que entre los beneficiarios de las 140 viviendas —destinadas a familias con necesidad de acceso a vivienda protegida— figuran cargos públicos, funcionarios y familiares de altos cargos municipales, lo que ha generado una fuerte controversia política y social.
Investigación ampliada
En la rueda de prensa, Villar explicó que el consistorio está cotejando la lista de adjudicatarios con el personal municipal para detectar posibles coincidencias de apellidos y vínculos que puedan indicar adjudicaciones irregulares. El Ayuntamiento también ha anunciado que impondrá restricciones internas para concejales, cargos de confianza y trabajadores a fin de que no participen en procesos similares en el futuro.
Además, se ha anunciado que la información recabada se está remitiendo a la Generalitat Valenciana para su verificación, y que el propio Ayuntamiento ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue si las adjudicaciones se realizaron conforme a la legalidad.
Contexto de la polémica
La promoción Les Naus, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, ha pasado de ser presentada como una oportunidad para facilitar el acceso a vivienda pública a convertirse en el epicentro de un escándalo político. Sectores de la oposición, entre ellos PSOE, Compromís y Vox, han exigido transparencia y pedido el acceso a todos los expedientes para aclarar si se favoreció indebidamente a determinados solicitantes.
La Generalitat Valenciana, por su parte, ha intensificado su investigación y ha detectado también irregularidades en varios expedientes, incluidos fallos en la documentación requerida para la adjudicación, situación que ha llevado a remitir casos directamente a la Fiscalía.
Reacciones y clima social
La polémica ha generado una fuerte respuesta entre la ciudadanía y residentes de la propia promoción, algunos de los cuales han denunciado insultos y actos de acoso, mientras otros reclaman que se respete la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.
De momento, la investigación continúa abierta y el Ayuntamiento asegura que seguirá colaborando con los organismos autonómicos y judiciales para esclarecer los hechos.
