Los controles que desde la tarde del pasado martes están realizando en la urbanización Les Naus cuatro patrullas de las unidades de Disciplina Urbanística y de Barrios de la Policía Local de Alicante han destapado indicios de alquileres y ocupaciones no permitidas en una parte de las 140 viviendas de protección pública (VPP) que conforman este residencial en la Playa de San Juan, informan fuentes municipales y policiales.
La actuación, que se produce a instancias de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, tiene como objetivo verificar la ocupación real de los inmuebles adjudicados y comprobar que los beneficiarios cumplen con el requisito legal de destinar este tipo de vivienda a residencia habitual y permanente.
Inspecciones piso por piso
Desde primeras horas de la tarde, agentes de la Policía Local se han personado en cada bloque para comprobar si las personas empadronadas como adjudicatarios están realmente viviendo en sus viviendas, tal y como exige la normativa de vivienda protegida. La legislación autonómica establece que estos inmuebles no pueden mantenerse vacíos ni destinarse a alquiler sin la autorización administrativa correspondiente.
Varios residentes han mostrado su desasosiego e incomodidad ante la presencia policial y las repetidas inspecciones, que se prolongarán hasta completar la revisión de las 140 viviendas del complejo.
Escándalo político y judicial
El operativo policial se enmarca en un escándalo mayor que ha sacudido la política local de Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado denuncia ante el juzgado de instrucción número 5 de Alicante al encontrar indicios de delitos contra la administración pública en la adjudicación de estas VPP, que presuntamente habrían beneficiado a cargos del Partido Popular, funcionarios y personas con vínculos cercanos al consistorio.
La jueza que instruye el caso ha acordado las primeras diligencias de investigación y ha reclamado documentación al Ayuntamiento de Alicante, a la Conselleria de Vivienda y a la cooperativa promotora del residencial para aclarar las posibles irregularidades en la tramitación y adjudicación.
Renuncias y presión política
En este contexto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirmó esta semana que dos adjudicatarios han renunciado voluntariamente a sus viviendas en Les Naus tras estallar el escándalo, aunque insistió en que no se trata de nombres destacados mediáticamente ni vinculados directamente al caso de presuntas adjudicaciones irregulares.
Paralelamente, las Corts Valencianes han acordado la creación de una comisión de investigación que analizará no solo este caso de Les Naus, sino también otras promociones de vivienda protegida realizadas en la legislatura, con un plazo de hasta 12 meses para presentar conclusiones.
Normativa y consecuencias
La normativa sobre vivienda protegida obliga no solo a residir de forma habitual en estos bloques, sino también a cumplir con las reglas de adjudicación en función de criterios de necesidad y renta. El uso de estos inmuebles como vivienda de alquiler sin autorización o su mantenimiento sin ocupación efectiva vulnera estas disposiciones y puede acarrear sanciones o incluso la revocación de la adjudicación.
Mientras continúa la inspección policial y la investigación judicial, vecinos y grupos políticos reclaman transparencia, esclarecimiento de responsabilidades y medidas que garanticen el objetivo social original de estas viviendas: facilitar el acceso a una vivienda digna a familias con necesidades reales.
