Este viernes es el día. Uno de los peores en la carrera política del alcalde Gabriel Echávarri. Y es que el primer edil alicantino tendrá que explicarle a la jueza de la fiscalía anticorrupción por qué se fraccionaron facturas en la concejalía de comercio si estas reflejaban presuntamente el mismo concepto y fueron, según denuncia del partido popular y ciudadanos, designadas a las mismas empresas.
Gabriel Echávarri se enfrenta a un delito de prevaricación por, presuntamente, haber dividido contratos, a sabiendas que era ilegal, para favorecer a empresas concretas
Pero eso no es todo. A Gabriel Echávarri se le amontonaln las preocupaciones. Esta tarde la fiscalía debate la posibilidad de que el primer edil alicantino también sea investigado por el despido improcedente de una trabajadora, prercísamente la cuñada del portavoz del PP, que él mismo reconoció que se precipitó fruto de un arrebato.
La denuncia fue presentada hace unos meses por dos dirigentes vecinales y desembocará en la apertura de unas diligencias de investigación en la fiscalía alicantina
Estas pesquisas se suman a las que tramita el juzgado de Instrucción 9 de la ciudad por un presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, hechos por los que Echávarri y dos asesores suyos han sido citados a declarar como investigados (antes imputados) mañana viernes.
