El equipo de gobierno de Luis Barcala ha optado por el silencio como estrategia política ante el caso de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, convertido ya en la mayor crisis política del actual mandato municipal. Alcalde y concejales han cerrado filas y rehúyen pronunciarse públicamente sobre una investigación que sigue ampliándose tanto en sede judicial como en las distintas comisiones de investigación abiertas para esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas construidas sobre suelo municipal.
La consigna parece clara: de Les Naus no se habla. Así quedó patente esta semana durante las comparecencias públicas de varios miembros del ejecutivo local, que rechazaron responder preguntas de los periodistas relacionadas con el caso. La portavoz municipal, Cristina Cutanda, se limitó a reiterar que el Ayuntamiento ha remitido toda la documentación requerida por la Justicia y que el gobierno municipal esperará a que concluyan los procedimientos judiciales antes de realizar nuevas valoraciones. Una posición que reproduce la línea marcada previamente por el propio alcalde.
El cambio de actitud contrasta con las primeras declaraciones realizadas por Barcala cuando estalló el escándalo, momento en el que llegó a asegurar que actuaría con contundencia y que asumiría responsabilidades “caiga quien caiga”. Sin embargo, la evolución del caso y las sucesivas revelaciones han dado paso a una política de máxima prudencia pública y de escasas explicaciones políticas.
La presión sobre el gobierno local ha aumentado después de que el exconcejal popular Toni Gallego declarara ante la comisión de investigación de Les Corts que dentro del Ayuntamiento ya se conocía desde 2024 que la entonces edil de Urbanismo, Rocío Gómez, era adjudicataria de una de las viviendas investigadas. Estas afirmaciones contradicen la versión mantenida por el alcalde, quien sostiene que no tuvo conocimiento de los hechos hasta enero de 2026.
Paralelamente, la causa judicial continúa avanzando. La magistrada que instruye el caso ha citado a nuevos testigos y mantiene abiertas diligencias para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de las 140 viviendas protegidas de la promoción. Actualmente, la investigación afecta a cargos políticos, funcionarios municipales y adjudicatarios de los inmuebles, con un total de quince personas investigadas por distintos posibles delitos relacionados con la gestión del proceso.
La falta de explicaciones públicas también se ha trasladado a la comisión municipal creada para analizar el caso. Varios concejales del equipo de gobierno rechazaron comparecer recientemente ante este órgano, una decisión que la oposición ha interpretado como una muestra de falta de transparencia. PSOE, Compromís y EU-Podem han acusado al ejecutivo local de intentar bloquear el esclarecimiento político de los hechos, mientras Vox también ha respaldado la comparecencia del alcalde ante la comisión.
La comisión municipal ha citado a Luis Barcala para comparecer el próximo 24 de julio, una comparecencia que se presenta como uno de los momentos políticos más relevantes desde que estalló el escándalo. Mientras tanto, el gobierno municipal mantiene su estrategia de no entrar en valoraciones y de remitir cualquier explicación al resultado de las investigaciones judiciales en curso.
La oposición insiste en que el silencio institucional no contribuye a despejar las dudas sobre un caso que afecta directamente a la gestión de suelo público municipal y que ha provocado ya dimisiones políticas, expedientes internos y una investigación judicial de amplio alcance. Por el momento, en el Ayuntamiento de Alicante parece haberse impuesto una máxima: hablar de Les Naus no toca.
