El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha destacado que el Consell ha aumentado en dos años un 54 % de media la financiación a 96 municipios con menos de 300 habitantes y en riesgo de despoblación, con el objetivo de favorecer a los pueblos con menos población y recursos, y de esta forma garantizar el desarrollo equilibrado de todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
Así lo ha señalado durante la reunión de la Comisión Interdepartamental del Consell contra el Despoblamiento y por la Equidad Territorial, en la que ha remarcado que el Plan Integral para el Reto Demográfico de la Comunitat Valenciana (PIRD-CV 2026-2030) “es la principal herramienta de la Generalitat para afrontar los desafíos demográficos de las zonas rurales e impulsar la cohesión social, económica y territorial”.
El vicepresidente segundo ha destacado que “la Generalitat ha blindado un sistema de asignación con discriminación positiva hacia los municipios con menos habitantes, con el fin de garantizar que ninguna localidad en riesgo de despoblación reciba una asignación anual inferior a 15.000 euros, triplicando así el mínimo anterior, que era de 5.000 euros, lo que ha supuesto que los pueblos más pequeños cobraron en 2025 más de 1,9 millones, frente a 1,2 millones de 2023, es decir, unos 700.000 euros adicionales”.
José Díez ha subrayado que la despoblación es uno de los grandes retos estructurales de la Comunitat Valenciana que “exige una respuesta transversal, coordinada y sostenida en el tiempo con el fin de asegurar que vivir en un municipio rural y en riesgo de despoblación no suponga una desventaja en el acceso a servicios públicos, oportunidades económicas o infraestructuras”.
Una estrategia integral para el periodo 2026-2030
El vicepresidente ha explicado que el PIRD-CV 2026-2030 parte de la premisa de que la despoblación no constituye únicamente un problema demográfico, sino un fenómeno que afecta directamente a la igualdad de oportunidades, al acceso a los servicios esenciales y a la calidad de vida de la ciudadanía residente en el medio rural.
Según José Díez, “el valor del plan se basa en que es participativo, ya que da voz a los actores del territorio a través la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los alcaldes, las diputaciones, a las diferentes conselleries, la universidad y a las instituciones valencianas y asociaciones, es activo, con acciones que dan en la diana con las necesidades del reto demográfico, y es dinámico, ya que incluye la creación de un laboratorio que mide el impacto de las acciones e interviene para proponer correcciones a posibles desviaciones”.
El documento se estructura en torno a ocho ejes estratégicos, más de treinta programas de actuación y 190 acciones concretas, orientadas a generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida en el medio rural valenciano.
Los ocho ejes de actuación son el empleo y economía; vivienda y función residencial; servicios públicos y privados de calidad; conectividad y transporte; medio ambiente y desarrollo territorial; turismo rural sostenible; cultura, patrimonio e identidad; gobernanza, evaluación y seguimiento.
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