Foto; Ayuntamiento de Alicante/Ernesto Caparrós
Los alcaldes de Elche, Pablo Ruz, y de Alicante, Luis Barcala, han alertado sobre las consecuencias que tendría para ambas ciudades que el próximo año no lleguen a aprobarse los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y han vuelto a reclamar un tratamiento más flexible sobre la utilización de los remanentes de tesorería municipales para afrontar inversiones y servicios básicos.
Según los regidores, la prórroga o la ausencia de unas cuentas estatales puede provocar retrasos en transferencias y planes estatales que condicionan inversiones locales, mientras que la restricción legal sobre el uso de remanentes limita la capacidad de los ayuntamientos para ejecutar proyectos estratégicos y dar respuesta inmediata a necesidades sociales y de infraestructuras. Estas reivindicaciones coinciden con la posición planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha reclamado al Gobierno soluciones ante las necesidades financieras de las entidades locales y mayor margen para destinar ahorros municipales a políticas como vivienda o inversiones locales.
En el caso de Elche, el Ayuntamiento cerró recientemente ejercicios con remanentes históricos que, según fuentes municipales, se consideran una herramienta para impulsar proyectos locales (obras, vivienda, políticas sociales). El alcalde Pablo Ruz ha puesto en valor esos ahorros municipales y ha advertido sobre el impacto negativo que supondría no poder utilizarlos en plena planificación de inversiones.
Por su parte, Luis Barcala ha reclamado públicamente una «financiación justa» para Alicante y la posibilidad de liberar remanentes municipales para mantener proyectos estratégicos en la ciudad —entre ellos planes de vivienda y actuaciones de reactivación económica—, señalando que la combinación de prórroga presupuestaria estatal y limitaciones sobre el superávit pone en riesgo la ejecución de iniciativas programadas.
La reclamación de los alcaldes llega en un contexto en el que varios consistorios y dirigentes municipales han denunciado que las normas fiscales vigentes (y las interpretaciones del Ministerio) restringen la utilización de superávit y remanentes, obligando a destinarlos a reducción de deuda o medidas determinadas y condenando así a ayuntamientos con capacidad financiera a no poder reinvertir en sus ciudades. Los gobiernos locales alegan que flexibilizar estas reglas permitiría acelerar inversiones en vivienda, eficiencia energética y obra pública que hoy se ven paralizadas.
Desde las administraciones autonómicas y nacionales, la FEMP y grupos municipales reclaman dialogar para articular soluciones legales y temporales que permitan emplear remanentes de forma transparente y sujeta a control, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera. En los próximos días está prevista nueva actividad institucional para intentar acordar fórmulas que eviten que la prórroga de los PGE y las limitaciones sobre remanentes frenen las inversiones locales.
