¿Quién ensucia, paga?

«Quien ensucia: paga». Eslogan de una obviedad inapelable en la sociedad actual, pero su aplicación y desarrollo resulta todo un problema bizantino para las administraciones locales, aunque la cosa venga del Gobierno nacional y pase por las autonomías que también pueden influir en la tasa que cubre el servicio de basuras, la responsabilidad última queda y compete a los Ayuntamientos. 

Pedro Sánchez la ha vuelto a liar parda autorizando por decreto la general subida de la tasa de basuras sin contar con los municipios y sus diversidades específicas que, en tantos casos nada tienen que ver con el de la ciudad o pueblo continuos. La repercusión y respuesta no se ha hecho esperar, mismamente por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, quien ha llamado “cabezón “y “mentiroso” al presidente de gobierno por reinventarse, como tantas otras veces, normativas europeas confundiendo el culo con las témporas, o la ecología con las obligadas subvenciones del Estado a las arcas municipales para redondear presupuestos o paliar déficits. 

Y si pasamos de lo general a lo específico personal de cada cual, la repercusión más problemática confiere a propietarios de vivienda/as e inquilinos, ¿Quién de los dos se hará cargo de la nueva subida basurera?: con toda probabilidad es dueño del piso o local quien tiene que responder ante las Haciendas públicas recaudadoras, y lógicamente querrá repercutir dicha subida en el ocupante. Y éste, que ya viene bastante cargado en su presupuesto doméstico, no sólo lo entenderá como injusto y encarecedor, sino que puede influir como otro acicate más para mudar próximos votos en las urnas conforme vayan transcurriendo las próximas elecciones a los distintos Gobiernos desde hoy hasta 2027, incluyendo Pedro Sánchez que jura y perjura que no lo levantan del trono de la Moncloa ni con aceite hirviendo. 

Así pues, y las resultas del decretazo, cabreados ambos: el dueño y el arrendado, probablemente ambos, desconocemos a quién-quienes va a culpar el ciudadano de esa sisa en su cuenta corriente, sea Pedro Sánchez, la Generalitat Valenciana, todavía no han querido aclarar, y finalmente imponer por decreto autonómico si la tasa debiera ser uniforme y unánime para todos los municipios (a partir de 5.000 habitantes), domicilios particulares o negocios (desde luego no contamina lo mismo quien consume materiales fungibles o el que vende no fungibles), y dentro de unos u otros, por ejemplo será difícil diversificar tanto a un particular de según qué tipos de comercio o de un restaurante, como a un taller de reparaciones, una fábrica agroquímica o una fundición quemando combustibles fósiles. 

Y ahí entra en juego Barcala con su grupo municipal incluido el soporte Vox, a la derecha de la derecha.  

Como señalábamos más arriba, hasta ahora la Generalitat Valenciana no se ha inmiscuido demasiado (Pilatos) en ese asunto dejando que cada consistorio vaya por libre a la hora de poner o no, subir o bajar un impuesto, siquiera sobre la basura; por ejemplo, ya sabemos que en Castellón sube de cerca de 100 € a 200 anuales. En Valencia el impuesto aprobado, pero todavía no ejecutado, será próximo a los 100 € para una vivienda normal, aunque nada especifican del resto de establecimientos fabriles y negocios de cualquier tipo, cuyas diferencias contaminantes, como escribimos anteriormente, pueden resultar mayúsculas por indiscriminadas. Mientras en Alicante como municipio el “basurazo” se impuso recientemente con subidas (entendemos que excesivas) 3 veces superiores (145 €) a la última tasa, aunque también el aumento proporcional va por standing de barrios o pedanías, tipos de vivienda, etc. como sucede con otro tipo de gravámenes empezando por el IBI y el IAE.  

En el ranking de ámbito nacional a la hora de los ingresos tributarios municipales realizado por Bankinter, Alicante capital queda entre las menos gravosas sólo por encima de Cáceres, Badajoz, Jaén y Pamplona (aunque esta última ya sabemos que tiene ventajas forales). Y eso es músculo social que exhibirá Barcala en la futura contienda electoral, sobre todo a la hora de presumir de los nuevos contenedores basureros con diseño avanzado por especificidades. Aunque la respuesta ciudadana y de sus adversarios en la oposición, con toda probabilidad será otra pregunta aviesa y redundante: “¿es Alicante una ciudad limpia?”. Desde luego que no, y si repasamos la Historia más inmediata, seamos sinceros, tampoco lo fue. 

La educación y conciencia popular como demuestran Oviedo, Bilbao o Vigo tiene mucho que ver con el estado de limpieza de una ciudad, incluso muchísimo más que los contenedores de nueva generación. Por lo tanto y empezando por los colegios, y acabando en cada uno de nosotros mismos/as debemos sensibilizarnos en la convicción y tarea de que la calle forma parte también de nuestros hogares y, si ensuciamos menos probablemente pagaremos menos tributo de basuras, algo que repercutirá con toda probabilidad (confiando en la honestidad de los políticos) en mejorar otros servicios públicos que falta les hace empezando por el asfaltado de muchas calles, zonas verdes, o regulación de pisos turísticos, la ya vieja añagaza para esquivar impuestos.