El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado este martes que dos adjudicatarios de Viviendas de Protección Pública (VPP) en la polémica promoción Residencial Les Naus, ubicada en la Playa de San Juan, han renunciado voluntariamente a sus viviendas en medio del escándalo por presuntas adjudicaciones irregulares.
Barcala ha explicado en rueda de prensa que estas renuncias no corresponden a personas del ámbito público ni a nombres que hayan trascendido en los medios, por lo que no ha facilitado sus identidades, amparándose en la normativa de protección de datos. Sin embargo, ha subrayado que, ante cualquier duda sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder a una VPP, lo responsable es que se proceda a la devolución de la vivienda.
Las declaraciones del alcalde se producen en un contexto de creciente tensión política y judicial por las adjudicaciones de las 140 VPP de Les Naus, la primera promoción de vivienda protegida en Alicante en más de dos décadas. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, señalando presuntos delitos como el uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas o tráfico de influencias en la asignación de pisos que debían destinarse a familias con rentas vulnerables.
La polémica ha salpicado a una quincena de personas, entre ellas cargos del Partido Popular, altos funcionarios municipales y autonómicos, cuyos vínculos con la gestión o adjudicación están siendo objeto de investigación judicial y administrativa. Ya se han producido varias dimisiones de cargos públicos relacionados con el caso, incluida la de la exconcejala de Urbanismo.
Reacciones políticas y medidas municipales
La oposición ha exigido una mayor transparencia en torno a las renuncias y ha reclamado que se facilite a la Fiscalía toda la información disponible para aclarar si hubo adjudicaciones indebidas. Por su parte, Barcala ha defendido la postura del equipo de gobierno y ha anunciado la creación de una comisión municipal de investigación para analizar las circunstancias de las adjudicaciones y reforzar los mecanismos de control en futuros procesos.
Además, el Ayuntamiento ha impulsado medidas adicionales, como la revisión de padrón y la inspección “vivienda por vivienda” por parte de la Policía Local para verificar que los adjudicatarios ocupan legalmente los inmuebles.
Próximos pasos y perspectivas
La renuncia de estos dos adjudicatarios abre la puerta a que otros posibles beneficiarios con dudas sobre su legitimidad sigan el mismo camino, según ha señalado Barcala, quien ha reiterado que “no quedará impune ninguna conducta irregular”.
La Conselleria de Vivienda también ha anunciado que revisará los expedientes de todos los adjudicatarios de Les Naus para verificar el cumplimiento de requisitos, mientras que la investigación judicial continúa en el juzgado alicantino para depurar responsabilidades penales o administrativas, si procede.
