Regularización migrantes
También critican que el gobierno central ha habilitado un plazo muy reducido (de tan solo dos meses), no ha establecido medios adicionales adecuados para gestionar este trámite, no se ha formado al personal de Correos y la Seguridad Social ni se les ha reforzado y se ha autorizado un número de asociaciones muy reducido para realizar la gestión

El Partido Comunista de Alicante ha mantenido reuniones con diversos colectivos migrantes de la ciudad y ha recogido “su amplio descontento debido a la gran cantidad de obstáculos que deben enfrentar y la nula cooperación por parte del Ayuntamiento”, señalan.

A las dificultades derivadas del escaso número de entidades que pueden realizar los trámites (que ha llevado a la saturación de Correos y la Seguridad Social) en un plazo de tiempo de tan solo dos meses, se suman los obstáculos que están poniendo las instituciones locales, en particular en dos ámbitos: los empadronamientos y los informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales. Para los empadronamientos, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios, no basta con presentar un contrato de alquiler, sino que se exige una autorización del propietario que no está obligado a firmar, lo que deja a muchas personas que residen en Alicante sin posibilidad de empadronarse. Frente a ello, desde el PCE y Esquerra Unida, exigen a Barcala “un trato no discriminatorio hacia las personas migrantes y que acelere las citas para obtener la documentación necesaria”.

“Barcala ha puesto nuestra ciudad al servicio del turismo y de los turistas y permite que fondos de inversión extranjeros compren nuestras casas para abrir pisos turísticos. Sin embargo, a quienes habitan nuestros barrios y hacen posible nuestra ciudad con su trabajo, a menudo en condiciones de precariedad y explotación, les cierra las puertas”, señala Castaños, secretario político del Partido Comunista alicantino. “No es una cuestión de origen, sino de clase social”, concluye.

Desde Esquerra Unida Alacant, su Coordinadora, Lucía Ibáñez afirma que, “la derecha del PP y sus socios de VOX, vuelven a demostrar para quiénes gobiernan, para los intereses inmobiliarios, para la especulación y para quienes hacen negocio con la ciudad, no para la mayoría social ni para la clase trabajadora migrante, ninguna persona que viva y trabaje en Alicante debería quedar excluida de derechos por culpa de trabas administrativas. Empadronarse no puede convertirse en un privilegio reservado a quien tenga recursos o propietarios dispuestos a firmar papeles, las instituciones deben garantizar igualdad, justicia social y servicios públicos fuertes. Frente al racismo institucional y la burocracia excluyente, Esquerra Unida seguirá defendiendo solidaridad, derechos laborales y vivienda digna para todas las personas”.

Además, ambas organizaciones también critican que el gobierno central ha habilitado un plazo muy reducido (de tan solo dos meses), no ha establecido medios adicionales adecuados para gestionar este trámite, no se ha formado al personal de Correos y la Seguridad Social ni se les ha reforzado y se ha autorizado un número de asociaciones muy reducido para realizar la gestión: en Alicante únicamente Món Jove, CCOO y Aculco. Las organizaciones de migrantes también alertan de que hay mafias que están atacando las webs para pedir citas para después venderlas a personas que lo necesitan, algo de extrema gravedad que no ocurriría si los plazos y los recursos fueran los adecuados.
Ambas formaciones han señalado su intención de presentar una moción en el pleno de mayo, recogiendo las demandas de los colectivos migrantes. “Seguiremos defendiendo los derechos para la clase trabajadora, independientemente de su origen”.

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