Estos días, una ola de incendios arrasa miles de hectáreas en la península ibérica. Cada verano se repite: bosques que desaparecen, vidas amenazadas, casas desalojadas. En la costa española ocurre algo paralelo: el mar avanza, las playas se erosionan y los deltas retroceden. En tierra y mar la conclusión es la misma: ha fallado la prevención.
En los incendios, la prevención significa limpiar montes, gestionar el combustible forestal, mantener cortafuegos, recuperar cultivos abandonados y fomentar actividades como el pastoreo o la ganadería extensiva. Invertir en ello no suele dar titulares ni votos inmediatos, pero cada vez más ciudadanos nos damos cuenta de que es lo que realmente evita los desastres. Los responsables públicos deberían impulsar también la participación ciudadana como parte de la solución.
En el mar, prevenir exige reconocer que puertos y embalses han roto el equilibrio natural: los primeros retienen arena y los segundos bloquean sedimentos que antes llegaban a la costa. Esa arena alimentó playas y deltas; sin ella, el mar avanza. Estas infraestructuras deben prevenir y reparar su impacto.
Sin embargo, no lo hacen. Los puertos se amplían sin devolver la arena que retienen y los embalses siguen bloqueando los sedimentos. La Administración del Estado, en lugar de cumplir con el artículo 46 de la Constitución —que obliga a conservar y proteger el patrimonio natural y cultural— “recupera” injustamente arenales erosionados, que son bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), mediante el derribo de viviendas y pueblos costeros centenarios. Todo ello bajo el pretexto de redefinir el DPMT con nuevos deslindes para “proteger a las personas del cambio climático”.
El cambio climático es una amenaza real, pero sin el aporte natural de sedimentos sus efectos se multiplican. Culpar solo al clima, mientras se ocultan causas humanas, es greenwashing: un falso ecologismo que encubre la gestión negligente y libera a grandes corporaciones —gestoras de puertos, electricidad, agua o regadío— de las responsabilidades medioambientales que exige la normativa europea y española.
Ahora vivimos un ejemplo clarísimo en Guardamar del Segura (Alicante): el 15 de septiembre está previsto el derribo de 65 viviendas centenarias. Este anuncio ha motivado protestas sociales para frenar lo que muchos consideran una barbarie. El pasado 20 de agosto, centenares de vecinos y simpatizantes marcharon desde la Playa de Babilonia hasta el Ayuntamiento bajo el lema “Salvemos Babilonia”.
Estas casitas, construidas hace un siglo con diseño uniforme y arquitectura mediterránea, formaron parte del proyecto del ingeniero de montes Francisco Mira. En 1900 ideó un plan para frenar el avance de las dunas que invadían Guardamar transformándolas en una gran pinada de 800 hectáreas —hoy Parque Alfonso XIII— la viviendas se construyeron sobre las dunas a 100 metros del mar para ejercer de barrera para evitar la salinización de la pinada. Fue una estrategia pionera basada en soluciones naturales, reconocida por expertos, instituciones y por el propio rey Alfonso XIII.
Con ese valor cultural, social y medioambiental, hoy se pretende destruirlas, tratándolas como un estorbo y culpándolas falsamente del avance del mar. Es el mismo patrón que sufren otros poblados de la costa española: la falta de arena los ha dejado indefensos frente al mar, poniendo en riesgo su patrimonio y la seguridad de sus habitantes. Y como respuesta, en lugar de reparar las causas, se opta por eliminarlos, porque resulta más barato.
La lección es clara: si no prevenimos, la naturaleza arrasa; en tierra, con el fuego; en el mar, con la erosión. En ambos casos, la factura se paga con vidas, con patrimonio y con el futuro de nuestros territorios.
Por eso, desde SOMOSMEDITERRÀNIA, que integra a 54 asociaciones de la costa española, pedimos al Ministerio para la Transición Ecológica un cambio de rumbo: la protección de nuestras costas no puede recaer en los vecinos que sufren las consecuencias, mientras quienes gestionan las infraestructuras quedan exonerados.
Necesitamos una nueva Ley de Costas que aplique principios de sostenibilidad alineados con las directrices europeas, que no deje en indefensión jurídica a los ciudadanos, respete la propiedad privada y ponga fin a la arbitrariedad. Así lo reclamó en 2009 el Parlamento Europeo mediante el informe de la eurodiputada Margrete Auken (Los Verdes) y lo reiteró el Consejo de Estado en 2014. Y es imprescindible aplicar con rigor la Ley de Responsabilidad Medioambiental para obligar a quienes provocan el deterioro a compensar y reparar sus efectos, bajo el principio de la Unión Europea: “quien contamina, paga”.
Porque apagar un incendio no significa esperar a que las llamas lo devoren todo, sino poner los medios para prevenirlo. Y frenar el avance del mar no es derribar pueblos enteros y borrar nuestra historia, sino reparar el daño causado por las infraestructuras que rompieron el equilibrio natural. Solo así podremos legar a las próximas generaciones bosques y costas vivos, seguros, sostenibles y justos.
Firmado: SOMOSMEDITERRÀNIA
Grupo de Interés inscrito en la Generalitat Valenciana (nº 610), integrado por 54 asociaciones de la costa española.
En representación: Belén López, Manuel López y Javier Cremades.
