La Generalitat Valenciana ha confirmado este miércoles la detección de nuevas irregularidades en la documentación de los expedientes relacionados con la promoción de Viviendas de Protección Pública (VPP) del residencial Les Naus, situado en La Condomina (Playa de San Juan) de Alicante, según ha informado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.
Durante una comparecencia oficial, Camarero explicó que, tras una revisión exhaustiva de oficio, la Dirección Territorial de Vivienda ha observado que varios expedientes presentados bajo el régimen de separación de bienes carecen de datos esenciales del cónyuge, lo que dificulta acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a una vivienda protegida.
Este hallazgo se suma a un episodio que ya había puesto bajo lupa el proceso de adjudicación de estas viviendas, promovido en una zona de alto valor residencial y que constituye la primera promoción de VPP en Alicante en más de veinte años.
Funcionario expedientado y actuaciones judiciales
Entre los casos más llamativos figura el de un funcionario de la Dirección Territorial de Vivienda, suspendido de empleo y sueldo tras comprobarse que pudo haber validado con información falsa la adjudicación de una VPP a su esposa, quien trabaja como arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Alicante.
La propia Generalitat ha abierto un expediente disciplinario al técnico implicado y está solicitando información complementaria de los solicitantes para completar la revisión documental. Camarero ha subrayado que si se confirman adjudicaciones irregulares, los casos serán trasladados a la Fiscalía para que actúe conforme a la ley.
Crisis política y actos de investigación
El escándalo ha desbordado el ámbito técnico y ha tenido importantes repercusiones políticas a nivel local. En los últimos días ya se han producido dimisiones de altos cargos municipales vinculados al proceso de adjudicación: entre ellos la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y la directora general de Organización Interna, cuya familia también figura entre los adjudicatarios.
Además, el Ayuntamiento de Alicante ha presentado denuncias ante la Fiscalía Provincial tras detectar vínculos entre algunos beneficiarios de las viviendas y empleados o cargos municipales, aunque sostiene que no intervino directamente en la selección de adjudicatarios.
Críticas políticas y consecuencias
La polémica ha desencadenado una ofensiva de la oposición. Esquerra Unida ha denunciado el caso como un “fraude social” y ha exigido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al considerar que el proceso ha favorecido a rentas altas y a personas vinculadas al poder político.
Por su parte, el PSPV-PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción la posible existencia de hasta cinco delitos, entre ellos prevaricación administrativa, conflicto de intereses y fraude a la Administración, relacionados con las adjudicaciones en Les Naus.
Mesa de control y futuras medidas
Ante la creciente controversia, la Conselleria y el Ayuntamiento han anunciado que reforzarán los mecanismos de control documental y podrían plantear reformas en los procedimientos de adjudicación para garantizar una supervisión más rigurosa. Además, se ha convocado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para abordar el caso y dar explicaciones políticas sobre lo ocurrido.
La revisión detallada de los expedientes continúa, y tanto la Generalitat como las fuerzas políticas y judiciales esperan esclarecer si estas irregularidades responden a errores administrativos aislados o a prácticas contrarias a la legalidad vigente.
