Los grupos municipales de la izquierda en el Ayuntamiento de Alicante han reclamado al equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala más transparencia sobre la promoción de viviendas protegidas de la urbanización Les Naus, situada en la zona de Playa de San Juan.
El PSOE y Compromís han solicitado al consistorio el acceso al proyecto definitivo de la urbanización para conocer los detalles de la construcción y comercialización de garajes, trasteros y locales comerciales que no estarían sujetos a los límites de precio de las viviendas protegidas.
La polémica se produce después de que trascendiera que, junto a las 140 Viviendas de Protección Pública (VPP) levantadas en esta promoción, también se construyeron 138 plazas de garaje, siete trasteros y cuatro locales comerciales, que habrían sido vendidos a precio libre sin un máximo fijado por la Generalitat Valenciana.
Críticas de la oposición
La portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha exigido al alcalde que facilite el acceso al proyecto de obras presentado por la cooperativa promotora y que explique las posibles modificaciones introducidas durante la tramitación. Según ha señalado, la información conocida hasta ahora apunta a que “el pelotazo ha sido redondo”, al haberse obtenido beneficios adicionales con la venta de aparcamientos y locales comerciales en suelo público destinado a vivienda protegida.
En la misma línea, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha reclamado conocer el proyecto definitivo de la urbanización para comprobar cómo se permitió la comercialización de estos espacios. Además, ha acusado al gobierno municipal de retrasar la comisión de investigación aprobada por el pleno para analizar el caso.
También Esquerra Unida se ha sumado a las críticas, al considerar que la operación pudo generar un importante beneficio a la empresa gestora gracias a la venta de más de un centenar de plazas de aparcamiento y los locales comerciales.
Un escándalo que sigue creciendo
La promoción de Les Naus se ha convertido en uno de los principales focos de controversia política en Alicante en los últimos meses. La urbanización se construyó sobre suelo público destinado a vivienda protegida, con 140 pisos que debían facilitar el acceso a la vivienda a precios más bajos que el mercado.
Sin embargo, el proceso ha estado rodeado de polémica tras conocerse que algunos compradores estaban vinculados a la administración local y que se detectaron anuncios de alquiler o venta de plazas de garaje en portales inmobiliarios, lo que ha alimentado las sospechas de negocio con parte de la promoción.
Mientras tanto, la oposición insiste en que el Ayuntamiento debe aportar toda la documentación urbanística del proyecto para aclarar cómo se desarrolló la promoción y si la comercialización de garajes y locales se ajusta a la normativa de vivienda protegida.
La exigencia de transparencia llega en paralelo a la puesta en marcha de distintas investigaciones políticas y administrativas sobre el caso, que continúa generando tensión entre el equipo de gobierno del Partido Popular y los grupos de la oposición en el consistorio alicantino.
