En política, cuando la realidad aprieta, hay una frase que se repite como un mantra defensivo: “No sabía nada”. Es el equivalente contemporáneo a hacerse el sueco. Una fórmula aparentemente sencilla, pero cargada de consecuencias. Porque tras ella no solo hay una estrategia de comunicación; hay una concepción de la responsabilidad pública.
Lo ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a los escándalos que han salpicado a figuras de su entorno como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García. Lo ha dicho también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el escándalo que afecta al DAO José Ángel González, alias Jota, un mando policial de su confianza acusado de agresión sexual y acoso. Y en clave más cercana, en nuestra ciudad, lo ha repetido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ante los casos que han rodeado a Rocío Gómez o María Pérez-Hickman en el asunto de la adjudicación de viviendas de protección pública en Playa San Juan… Nadie sabía nada.
La pregunta es inevitable: ¿es suficiente alegar desconocimiento? ¿Debemos conformarnos con esa explicación? Y aún más inquietante: si de verdad no sabían nada, ¿no es eso, en sí mismo, un problema mayor?
En una democracia madura, la responsabilidad política no se limita a firmar resoluciones ni a colgar vídeos en redes sociales. Incluye, sobre todo, la elección de los equipos. Gobernar es delegar. Y delegar implica asumir las consecuencias de a quién se coloca en posiciones de poder. Cuando un dirigente sitúa en puestos clave a personas de su máxima confianza —asesores, directores generales, mandos policiales o concejales— no puede desentenderse después alegando sorpresa.
La responsabilidad no es solo penal; es también política y ética. Puede que un presidente o un alcalde no conozca cada detalle de la actuación de sus subordinados. Pero sí es su deber establecer mecanismos de control, supervisión y transparencia que minimicen riesgos. Si esos mecanismos fallan o no existen, no basta con decir “yo no sabía nada”. La ignorancia, en estos casos, no exime: agrava.
Existe además un problema estructural que rara vez se aborda con franqueza: la tendencia a premiar la lealtad acrítica por encima de la competencia. El dirigente que se rodea de perfiles dóciles, de fieles sin demasiada autonomía ni criterio propio, está construyendo un castillo de naipes. Elegir a los más pelotas en lugar de a los más preparados no solo empobrece la gestión pública; multiplica el riesgo de irregularidades y abusos.
Cuando el escándalo estalla, la estrategia es la misma: marcar distancias, romper fotos, cesar discretamente y repetir la consigna. Nadie sabía nada. Los ciudadanos reclaman que alguien asuma responsabilidades: Que quien nombre, responda. Que quien confía a dedo, asuma el coste. Que el poder no es solo un privilegio, sino una carga del deber.
En otros países europeos, los estándares de responsabilidad política son más exigentes. No hace falta que exista una condena judicial para que se produzcan dimisiones cuando falla la supervisión o la ética. Aquí, en cambio, hemos normalizado la resistencia numantina, la negación sistemática y la huida hacia adelante.
Ya está bien de escurrir el bulto. Si un político coloca a alguien en un puesto público y ese alguien incurre —presuntamente— en delito o en una irregularidad grave, la responsabilidad no se agota en el cese de esa persona. Debe haber un coste político. Porque si no lo hay, el mensaje es devastador: equivocarse al elegir, tolerar comportamientos inaceptables o mirar hacia otro lado mientras no le pillen sale gratis.
Y eso, en democracia, no debería salir gratis nunca. Otro gallo cantaría.
Magnífica exposición. Lo que menos me gusta de este alcalde es que no permite a ningún medio preguntar. Las ruedas de prensa son suyas y de nadie más. Nunca admite preguntas. Tendremos que saber .