La investigación política y judicial sobre la promoción de viviendas protegidas de Les Naus ha dado un nuevo giro tras la comparecencia del exconcejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Toni Gallego, en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes. Sus declaraciones han situado al alcalde, Luis Barcala, en una posición cada vez más comprometida al admitir que “se puede intuir” que conocía desde julio de 2024 que la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, era adjudicataria de una Vivienda de Protección Pública (VPP) en el residencial Les Naus, aunque el primer edil negó a principios de este año en sesión plenaria que lo supiera.
Gallego relató ante la comisión que fue la propia Gómez quien le comunicó, apenas unos minutos antes de un pleno municipal celebrado en julio de 2024, que tenía una vivienda en la promoción ubicada en la Playa de San Juan. Según explicó, la entonces edil le pidió que respondiera en su lugar a una pregunta formulada por Compromís sobre el proceso de adjudicación de las viviendas, asegurándole que toda la operación era legal y que su vinculación con la cooperativa era anterior a su entrada en política.
Aunque el exconcejal aseguró que no trasladó expresamente esa información a otros miembros del equipo de gobierno, sus manifestaciones han alimentado las sospechas de la oposición sobre un posible conocimiento previo por parte del alcalde. Preguntado sobre esta circunstancia, Gallego reconoció que “se puede intuir” que Barcala conocía la situación, una afirmación que ha provocado una inmediata reacción política.
La oposición exige responsabilidades
Tras la comparecencia, PSPV, Compromís y Esquerra Unida-Podem han redoblado la presión sobre el alcalde alicantino. La portavoz socialista, Ana Barceló, considera que las declaraciones de Gallego refuerzan la tesis de que el gobierno municipal conocía la condición de cooperativista de Rocío Gómez mucho antes de que el caso saltara a la opinión pública. Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reclamado nuevamente la dimisión de Barcala al entender que las explicaciones ofrecidas hasta ahora resultan incompatibles con los nuevos testimonios.
El alcalde ha mantenido hasta la fecha que no tuvo conocimiento de la situación hasta enero de 2026, cuando estalló públicamente el escándalo. Sin embargo, las declaraciones de Gallego y las contradicciones surgidas en los últimos meses han incrementado la presión sobre el primer edil.
Un caso que sigue creciendo
El denominado caso Les Naus investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública construidas sobre una parcela municipal en la Playa de San Juan. La polémica surgió al conocerse que varios adjudicatarios mantenían vínculos con cargos públicos, funcionarios municipales o familiares directos de estos. La controversia provocó la dimisión de Rocío Gómez y de otros responsables municipales, además de la apertura de diligencias judiciales.
La causa continúa avanzando en los juzgados. Precisamente este viernes, la magistrada que instruye el procedimiento acordó citar como testigos al vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante y al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, además de reclamar nueva documentación municipal relacionada con la promoción investigada.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la comisión de Les Corts se ha convertido en un nuevo frente político para el gobierno municipal. Las declaraciones de Toni Gallego han reabierto el debate sobre cuándo tuvo conocimiento el alcalde de la participación de Rocío Gómez en Les Naus y si existió algún tipo de actuación para evitar que esa información trascendiera públicamente.
Con la oposición exigiendo explicaciones y nuevas comparecencias previstas en las próximas semanas, el caso continúa erosionando la estabilidad política del Ayuntamiento de Alicante y amenaza con convertirse en uno de los principales focos de desgaste para el ejecutivo local de Luis Barcala.
